22 febrero 2013
MONTEVIDEO- La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró el viernes inconstitucional artículos clave de una ley que permitía juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1973 a 1985, lo que dejó en un limbo legal a decenas de procesos abiertos contra ex uniformados.
La decisión fue adoptada para un caso específico pero tiene el potencial de convertirse en un fuerte antecedente para nuevos juicios o todos aquellos que están en curso.
Unas 200 personas murieron y miles fueron torturadas y abusadas en dictadura, mientras que otras debieron exiliarse. El actual presidente de Uruguay, José Mujica, es un ex guerrillero que estuvo preso durante el régimen militar.
El fallo del máximo tribunal determinó prescriptibles los crímenes contra los derechos humanos durante el gobierno militar y los calificó como delitos comunes y no de lesa humanidad.
El portavoz de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, explicó que en el sistema penal no pueden recategorizarse o declararse imprescriptibles delitos luego de ocurridos.
"Si cuando se produjo el delito no había una ley que dijera que es delito, no es delito; pero además, no se puede categorizar o modificar un delito en el tiempo cambiando la ley", dijo a Reuters.
El fallo reedita en forma indirecta la ley de Caducidad, una amnistía aprobada en diciembre de 1986 en el país tras un acuerdo entre los partidos políticos y los militares sellado durante la transición hacia la democracia.
En dos consultas populares, en 1989 y 2009, la mayoría de los votantes eligió no derogar la amnistía.
Reacciones
Las reacciones a la decisión de la SCJ fueron inmediatas desde el oficialismo y organizaciones a favor del enjuiciamiento de militares.
"Lo de la Suprema Corte es un acto más de amparo de los terroristas de Estado. Le están haciendo los mandados a los terroristas de Estado", dijo Irma Leites, portavoz de la organización Plenaria, Memoria y Justicia.
"Es una decisión (...) violatoria de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Uruguay", dijo el legislador Luis Puig, del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo, cuyos fundadores desaparecieron durante la dictadura.
La CIDH intimó a Uruguay en marzo de 2011 a que ofreciera todas las garantías para resolver el caso y hallar los restos desaparecidos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Mujica fracasó en el pasado en sus intentos por anular la ley de amnistía, pero luego optó por impulsar la nueva norma y logró que fuera sancionada por el Congreso en octubre del 2011, días antes de que los crímenes prescribieran.
Desde la cárcel donde cumple su condena por la desaparición forzosa de personas en vuelos clandestinos, el coronel retirado Jorge Silveira dijo a Reuters que la ley impugnada "no tiene ni pies ni cabeza".
"Me alegro (por la sentencia) porque iba a venir una cantidad de personas detenidas y ya estamos pagando nosotros por todo, que queden contentos. No hay problema", agregó.
Para la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta decisión de la corte no sorprende.
"Cuando se trataba (el proyecto de ley) en las comisiones de las cámaras leíamos los informes de diferentes catedráticos y sabíamos que había una corriente de juristas que opinaban que no era viable", dijo Ignacio Errandonea, integrante de ese colectivo.
Efectos
Dado que el fallo de la SCJ fue para un caso específico, en el cual dos coroneles son acusados de presuntos delitos durante el período dictatorial, el rumbo que tomen otros juicios dependerá de cada magistrado. Y los casos que ya tienen sentencia no sufrirán cambios.
"Este fallo no cancela los procedimientos", subrayó Oxandabarat.
Es que a pesar de la ley amnistía vigente, una decena de militares fueron juzgados y puestos en prisión ante excepciones legales, como el dictador Gregorio Álvarez y el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, fallecido en julio del 2011.
Sin embargo, la sentencia "es una señal fundamental desde la cúpula de la Justicia", dijo a Reuters un magistrado vinculado al órgano bajo condición de anonimato.
El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, coronel Jorge Puente, dijo a Reuters que la sentencia implica un "poco" de justicia y ordena las cosas frente a "aquellos que siguen buscando venganza".
"No estamos satisfechos pero estamos reconfortados en cuanto a que hay cosas que aparentemente están dando la vuelta y llegando al cauce, como este fallo", afirmó.
Por su parte, el dirigente de la central única sindical Marcelo Abdala dijo en conferencia de prensa que la decisión de la SCJ "atenta contra el anhelo democrático (...) de que se avance de forma consecuente en verdad y justicia".
"Esta SCJ es responsable de defender la impunidad de los peores delincuentes de la historia nacional, de desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de niños", dijo en un comunicado el Partido Comunista.
Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP), integrado por varios ex guerrilleros, evalúa entablar un juicio político a la SCJ.
25 febrero 2013
El País, de España
Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay
El máximo tribunal declaró inconstitucional una norma que evita la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar
Francisco Peregil Buenos Aires
Los 12 años de dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 aún siguen marcando la agenda política del país. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripción de los delitos cometidos durante el régimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convocó este lunes una concentración silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, planteó la posibilidad de promover un juicio político contra los miembros de la Corte.
Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.
Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.
El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.
La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.
“Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia.
La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.
El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno,
sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.
(Tomado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/25/actualidad/1361815854_772778.html )
Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indicó en conversación telefónica desde Montevideo que su asociación se sumaría a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido “en buena parte responsables” de que en Uruguay no se investiguen a fondo los crímenes de la dictadura.
Zafaroni, quien perdió a su marido durante la dictadura, cree que la decisión de la Corte ya se veía venir desde que el pasado 15 de febrero decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde la sección Penal a la Civil. Con esa decisión, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relación a detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. “Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especialización. Y ahora, la persona que la sustituya necesitará al menos cinco años por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba”.
El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del país, indicó ayer en conversación telefónica que aunque el fallo provoque indignación en los familiares, era previsible. “Este debate lleva en Uruguay 27 años, pero a los únicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consultó a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla”.
La ley de 2011 invalidaba una amnistía decretada en 1986, cuando el país salió de la dictadura. Esa amnistía o “Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.
“Desde el extranjero puede resultar difícil de entender”, explica Lessa. “Pero quizás es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura están presos. Y en cuanto a los dictadores… El principal, Gregorio Álvarez, se encuentra en la cárcel desde 2007; y el otro, José María Bordaberry, murió en prisión domiciliaria en 2011. La aprobación de la amnistía ocurrió hace 27 años y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia.
La coalición del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores más radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice públicamente, está a favor de la amnistía y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabaré Vázquez”.
El fallo del máximo tribunal uruguayo no sólo ha provocado una fractura con el Gobierno,
sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. Así, a diferencia de la senadora del Frente Lucía Topolansky, partidaria de promover un juicio político a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, declaró que acata la sentencia aunque no la comparta.
(Tomado de http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/25/actualidad/1361815854_772778.html )
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