La protesta social está en marcha. Son miles de personas las que se han articulado para expresar su inconformidad contra la candidatura de Enrique Peña Nieto y su victoria electoral. Bajo el lema de “si hay imposición habrá insurrección”, son irrelevantes los más de 19 millones de votos a su favor, porque su lógica responde a otros reactivos. Hay insatisfechos, decepcionados, inconformes y quienes tienen agenda particular. Hay grupos estudiantiles y grupos de interés o radicales.
Empezó como una protesta en la Universidad Iberoamericana, donde nació el movimiento #YoSoy132, que se transformó en una masa de agitación sin cabeza, a la que se le han sumado organizaciones sociales que actúan dentro de los cauces legales y en el campo de la clandestinidad. El propio movimiento universitario se ha disgregado, entre quienes lo iniciaron en las universidades privadas, y las públicas, donde también hay diferencias, entre la Universidad Autónoma Metropolitana que aglutina a la mayoría de las instituciones públicas, y las facultades de Ciencias y Economía de la UNAM, donde se encuentran los más radicales de todos.
En este último grupo se encuentran los profesionales de la protesta, que tienen los vasos comunicantes con las organizaciones más beligerantes de las 200 que este fin de semana aprobaron un plan de movilizaciones que comienzan el 22 de julio con una marcha, y termina el 1 de diciembre, con el intento a impedir la toma de posesión de Peña Nieto. Es un plan para estrangular a la Ciudad de México. Es también una llamada a la desestabilización, antesala de la ingobernabilidad.
La protesta no puede soslayarse. Agrupados por la Convención Nacional contra la Imposición celebrada en San Salvador Atenco, intentan la disrupción de la institucionalidad. En esa comunidad, donde hace seis años el gobierno federal y el mexiquense, que encabezaba Peña Nieto, reprimieron un movimiento social que empezó con una protesta contra la construcción de un nuevo aeropuerto, el EZLN buscó la creación de un municipio autónomo a 32 kilómetros de la capital federal, escudado en la protesta comunera.
Atenco ya no es el eje de la política insurreccional, pero es su mejor ícono, y entre quienes protestan hay quien pretende otro objetivo. Ahí sobresale el Ejército Popular Revolucionario, la guerrilla que desde hace una década ha buscado las condiciones para la insurrección. Como en 1994 cuando se levantó el EZLN en Chiapas, y en 2005 cuando el conflicto magisterial en Oaxaca, en 2012 vuelve a pensar que la revolución toca la puerta.
En un comunicado el 21 de junio pasado, el EPR afirma: “Somos un partido en la clandestinidad desde hace 48 años, fuimos y somos jóvenes que estamos en la lucha de masas y aportamos lo que podemos, por eso como viejos (jóvenes de corazón) y jóvenes biológicamente, creemos que la actitud de los jóvenes del #Yo Soy 132 es loable… Estos jóvenes como otros más están aportando ideas y definiciones que deben ser tomadas en cuenta; sin embargo, ante el clamor que se ha escuchado en toda la república sobre que “SI HAY IMPOSICIÓN HABRÁ REVOLUCIÓN”, esa consigna la valoramos y aunque puede ser emocional o consciente, les tomamos la palabra”.
Es casi verdad de Perogrullo que la mayoría de quienes se rebelan contra Peña Nieto lo hagan a partir de su conciencia. Tienen la libertad de expresión para explayarse. Pero hay quien piensa de otra forma. “No dudamos que ante un fraude y por consiguiente una imposición, habrá grupos que quieran hacer una revolución”, dice el EPR. “Hay que analizar la historia de todos los pueblos que han luchado por su liberación; nutrirse con la teoría y la ideología marxista leninista, la cual es un guía para la acción y proponerse un lineamiento político, una estrategia, la táctica y sus tareas”.
La convención en Atenco se desarrolló en esas líneas de acción. Los términos de la lucha armada que quiere desarrollar el EPR, están planteadas. La decisión de qué camino seguir, está en los convencionistas, pero la responsabilidad de cómo enfrentar las demandas legítimas y neutralizar a quienes no quieren la solución de conflictos por la vía violenta, está en los políticos, todos, que son los que pagarán si la falta de imaginación, creatividad y talento les impide ver lo que sucede en las calles para mantener la protesta social en el cauce legal e institucional. Hoy, hay que subrayar, aún estamos a tiempo.
Empezó como una protesta en la Universidad Iberoamericana, donde nació el movimiento #YoSoy132, que se transformó en una masa de agitación sin cabeza, a la que se le han sumado organizaciones sociales que actúan dentro de los cauces legales y en el campo de la clandestinidad. El propio movimiento universitario se ha disgregado, entre quienes lo iniciaron en las universidades privadas, y las públicas, donde también hay diferencias, entre la Universidad Autónoma Metropolitana que aglutina a la mayoría de las instituciones públicas, y las facultades de Ciencias y Economía de la UNAM, donde se encuentran los más radicales de todos.
En este último grupo se encuentran los profesionales de la protesta, que tienen los vasos comunicantes con las organizaciones más beligerantes de las 200 que este fin de semana aprobaron un plan de movilizaciones que comienzan el 22 de julio con una marcha, y termina el 1 de diciembre, con el intento a impedir la toma de posesión de Peña Nieto. Es un plan para estrangular a la Ciudad de México. Es también una llamada a la desestabilización, antesala de la ingobernabilidad.
La protesta no puede soslayarse. Agrupados por la Convención Nacional contra la Imposición celebrada en San Salvador Atenco, intentan la disrupción de la institucionalidad. En esa comunidad, donde hace seis años el gobierno federal y el mexiquense, que encabezaba Peña Nieto, reprimieron un movimiento social que empezó con una protesta contra la construcción de un nuevo aeropuerto, el EZLN buscó la creación de un municipio autónomo a 32 kilómetros de la capital federal, escudado en la protesta comunera.
Atenco ya no es el eje de la política insurreccional, pero es su mejor ícono, y entre quienes protestan hay quien pretende otro objetivo. Ahí sobresale el Ejército Popular Revolucionario, la guerrilla que desde hace una década ha buscado las condiciones para la insurrección. Como en 1994 cuando se levantó el EZLN en Chiapas, y en 2005 cuando el conflicto magisterial en Oaxaca, en 2012 vuelve a pensar que la revolución toca la puerta.
En un comunicado el 21 de junio pasado, el EPR afirma: “Somos un partido en la clandestinidad desde hace 48 años, fuimos y somos jóvenes que estamos en la lucha de masas y aportamos lo que podemos, por eso como viejos (jóvenes de corazón) y jóvenes biológicamente, creemos que la actitud de los jóvenes del #Yo Soy 132 es loable… Estos jóvenes como otros más están aportando ideas y definiciones que deben ser tomadas en cuenta; sin embargo, ante el clamor que se ha escuchado en toda la república sobre que “SI HAY IMPOSICIÓN HABRÁ REVOLUCIÓN”, esa consigna la valoramos y aunque puede ser emocional o consciente, les tomamos la palabra”.
Es casi verdad de Perogrullo que la mayoría de quienes se rebelan contra Peña Nieto lo hagan a partir de su conciencia. Tienen la libertad de expresión para explayarse. Pero hay quien piensa de otra forma. “No dudamos que ante un fraude y por consiguiente una imposición, habrá grupos que quieran hacer una revolución”, dice el EPR. “Hay que analizar la historia de todos los pueblos que han luchado por su liberación; nutrirse con la teoría y la ideología marxista leninista, la cual es un guía para la acción y proponerse un lineamiento político, una estrategia, la táctica y sus tareas”.
La convención en Atenco se desarrolló en esas líneas de acción. Los términos de la lucha armada que quiere desarrollar el EPR, están planteadas. La decisión de qué camino seguir, está en los convencionistas, pero la responsabilidad de cómo enfrentar las demandas legítimas y neutralizar a quienes no quieren la solución de conflictos por la vía violenta, está en los políticos, todos, que son los que pagarán si la falta de imaginación, creatividad y talento les impide ver lo que sucede en las calles para mantener la protesta social en el cauce legal e institucional. Hoy, hay que subrayar, aún estamos a tiempo.
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