27 mayo 2010
Uno ve todos los días como entran y salen de prisión peligrosos criminales o delincuentes de cuello blanco con influencias. Razones no faltan: que no se les pudo probar nada; que estaba mal integrada la averiguación; que fue un error, etcétera. Pero eso sí, a la gente sin recursos ni influencias o a los que se oponen a las autoridades la ley se aplica con exceso y abuso.
Ahí está el absurdo caso de Jacinta, Teresa y Alberta, en Querétaro (ya libres por fortuna) y los persos de Atenco, que enfrentan condenas que superan con mucho la cadena perpetua por una serie de secuestros no probados durante los zafarranchos de 2003.
El caso es que gracias a este pervertido sistema de procuración de justicia, más orientado al castigo polítiico que a la aplicación de la justicia, se dan caso como el de Emmanuel Hernández Hernández, joven anarquista que participara en las movilizaciones del Foro del Agua en noviembre de 2006.
En el marco de esa conferencia mundial hubo expresiones de descontento altermundista, como sucede en cada reunión de ese tipo en el mundo. La periodista Lydiette Carrión le ha dado mejor seguimiento al caso y uso su blog como base para recrear el caso:
Por esas fechas la policía del Distrito Federal aprehendió a un montón de estudiantes y anarquistas en los torniquetes del metro Insurgentes. Entre las mochilas hallaron artefactos explosivos; es decir, petardos. Desde el inicio, el montón de chavos alegó que la policía había "revuelto" las pertenencias. Es decir, la defensa de todos se centró en la imposibilidad de determinar a quién o quiénes pertenecían los petardos o que de plano la policía los había plantado.
En ese momento los chavos lograron salir para llevar su juicio en libertad y pidieron los servicios de un abogado zapatista, quien llevó el caso de forma colectiva. El 23 de octubre de 2007, le giraron orden de aprehensión, bajo la causa penal 66/07.
En un momento determinado, por falta de pago de sus honorarios, la defensa decidió excluir a Emanuel del amparo promovido para los demás jóvenes, lo que propició que se le negara el amparo del 15 de febrero de 2008, por el delito de portación de objetos aptos para agredir, el cual posteriormente fue equiparado a portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En noviembre de 2009 fue aprehendido. En la actualidad, Emanuel no sólo se hace cargo de su hermanito (de 14 años), sino de un hijo de ocho meses de edad, junto con su pareja.
Como lo acusan de la portación de una bomba molotov y éstas no se encuentran contempladas en la legislación, el MP equiparó su portación a una arma de fuego ¡de uso exclusivo del Ejército¡ La condena fue de cuatro años de prisión y una multa de 6 mil 666 pesos.
El caso viene a cuento porque el pasado martes 24 de mayo un tribunal unitario ordenó la reposición del proceso del anarquista Emmanuel debido a irregularidades cometidas por el juez primero de distrito en procesos penales federales.
El tribunal consideró que en el expediente se presentaron varias irregularidades, entre ellas que el juez no tomó en consideración una serie de testigos de descargo a favor del acusado. Por lo que el tribunal ordenó la reposición del proceso.
Para la defensa y los amigos de Emmanuel, esto es positivo en tanto que se corría el riesgo de que el tribunal aumentara la sentencia y entonces Emmanuel no pudiera salir bajo fianza. Pero es negativo, ya que pasará más tiempo en la cárcel en lo que se repone el procedimiento y se dicta una nueva sentencia.
Puede no ser muy ortodoxo traer petardos y botellas con gasolina en la mochila, pero de eso a que sea un delito, o mucho menos a que sea un delito del fuero federal hay una distancia enorme, que sólo nuestro sistema de “justicia” puede armar sin explicaciones convincentes.
Acoso a Laura Castellanos
Nuestra solidaridad con Laura Castellanos, amiga de muchas batallas en la documentación periodística de temas relacionados con los movimientos sociales y las guerrillas en México. Su casa fue allanada en días pasados, sin intención de robo, lo cual sólo puede interpretarse como un amago personal que estamos seguros no hará mella en su trabajo.
La organización Artículo 19 ha tomado el caso en sus manos y aquí puede checarse la alerta difundida ayer.
miércoles, 26 de mayo de 2010
lunes, 24 de mayo de 2010
Las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur y Copala
25 mayo 2010
Ayer emitieron el segundo comunicado de su existencia las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur (BPRS), en el contexto de la rabiosa actitud de los paramilitares de San Juan Copala, aglutinadas en torno a a UBISORT y a la supuestamente izquierdista MULT, que el 27 de abril pasado atacaron una caravana humanitaria, con saldo de dos defensores de derechos humanos muertos, y el asesinato, el pasado jueves, del líder triqui Alejandro Timoteo y su esposa.
De las BPRS poco se sabe. Emitieron un primer comunicado en 2007, ubicaron su razón de ser en el conflicto social oaxaqueño y la represión desatada desde 2006 en la región Loxichá, por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, quien encarceló a los hombres del pueblo, sospechosos todos de pertenecer al EPR, que por esos días hizo su aparición pública y una oleada de acciones de propaganda y defensa armada que nunca ha repetido en su historia.
No se le conocen acciones armadas ni ha reivindicado acción alguna (expropiación, secuestro, etcétera); cuando menos en público.
En la comunicación de ayer señalan que “(…) Para nuestros hermanos indígenas está claro, la violencia sufrida en San Juan Cópala, es la continuación de la Guerra de Baja Intensidad iniciada con Diodoro Carrasco, creador de los grupos paramilitares que hoy asolan y masacran impunemente a quien se opone a sus intereses, generando con ello desgracia, división, desconfianza y el enfrentamiento entre las comunidades indígenas”.
Va detallando acciones represivas del personajey demandas interpuestas contra él, como la de Juan Sosa Maldonado, ex preso político acusado de pertenecer al EPR, quien demandó desempolvar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/045/2002 por delitos de lesa humanidad, interpuesta ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en contra del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el ex presidente Ernesto Zedillo.
De criticar a Carrasco se sigue con Gabino Cué, actual candidato a la gubernatura del estado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia. Lo acusan de ser miembro e la aristocracia oaxaqueña, hijo de un tesorero estatal del PRI y de estar involucrado en serios casos de corrupción.
Finaliza la comunicación expresando su solidaridad con las familias de San Juan Copala y sumándose la exigencia del EPR de que aprezcan con vida sus desaparecidos desde hace tres años.
Del comunicado llaman la atención varias cosas:
Primero, su actitud opuesta a la de las FARP, que este mes emitieron un comunicado en sentido contrario, apoyando en todo a Gabino Cué.
Segundo, apelan a los hechos de Copala, pero no profundizan en ellos. Todo el cuerpo del texto es contra Diódoro Carrasco, enemigo declarado de los Loxichá. Ni una mención al asesinato de Alejandro Timoteo, por ejemplo, que está fresco en la memoria por su brutalidad y cercanía en tiempo. Personalizan su repudio y dejan de lado el contexto estatal y nacional, lo que le da a su texto un carácter más electorero que revolucionario.
Tercero, no mencionan jamás a Ulises Ruiz, ni lo responsabilizan de lo que está pasando en Oaxaca. Para ellos hay una línea directa de culpabilidad entre Diódoro y la situación actual.
Cuatro, emiten un comunicado enojados, pero sólo expresan su solidaridad con las familias y con el EPR. No amenazan, no teorizan.
Históricamente suele haber una relación entre pobreza y represión, que suele dar como resultado grupos guerrilleros. Lucio Cabañas en 1967 o el EPR en 1996, al año de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero. Ambos son ejemplos en los que se cumplió la ecuación: pobreza+represión=guerrilla.
Copala está siendo muy golpeado por los paramilitares y la indignación local es directamente proporcional a los hechos de sangre con la que los paras están marcando su territorio.
En ese contexto, el comunicado de las BPRS parece quedarse corto al aislar a los enemigos reales de Copala y asignar culpas sólo al diodorismo, que no dudamos sea todavía un factor de poder real en aquella región oaxaqueña, pero que ciertamente no es el único.
Ayer emitieron el segundo comunicado de su existencia las Brigadas Populares Revolucionarias del Sur (BPRS), en el contexto de la rabiosa actitud de los paramilitares de San Juan Copala, aglutinadas en torno a a UBISORT y a la supuestamente izquierdista MULT, que el 27 de abril pasado atacaron una caravana humanitaria, con saldo de dos defensores de derechos humanos muertos, y el asesinato, el pasado jueves, del líder triqui Alejandro Timoteo y su esposa.
De las BPRS poco se sabe. Emitieron un primer comunicado en 2007, ubicaron su razón de ser en el conflicto social oaxaqueño y la represión desatada desde 2006 en la región Loxichá, por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, quien encarceló a los hombres del pueblo, sospechosos todos de pertenecer al EPR, que por esos días hizo su aparición pública y una oleada de acciones de propaganda y defensa armada que nunca ha repetido en su historia.
No se le conocen acciones armadas ni ha reivindicado acción alguna (expropiación, secuestro, etcétera); cuando menos en público.
En la comunicación de ayer señalan que “(…) Para nuestros hermanos indígenas está claro, la violencia sufrida en San Juan Cópala, es la continuación de la Guerra de Baja Intensidad iniciada con Diodoro Carrasco, creador de los grupos paramilitares que hoy asolan y masacran impunemente a quien se opone a sus intereses, generando con ello desgracia, división, desconfianza y el enfrentamiento entre las comunidades indígenas”.
Va detallando acciones represivas del personajey demandas interpuestas contra él, como la de Juan Sosa Maldonado, ex preso político acusado de pertenecer al EPR, quien demandó desempolvar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/045/2002 por delitos de lesa humanidad, interpuesta ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en contra del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y el ex presidente Ernesto Zedillo.
De criticar a Carrasco se sigue con Gabino Cué, actual candidato a la gubernatura del estado por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia. Lo acusan de ser miembro e la aristocracia oaxaqueña, hijo de un tesorero estatal del PRI y de estar involucrado en serios casos de corrupción.
Finaliza la comunicación expresando su solidaridad con las familias de San Juan Copala y sumándose la exigencia del EPR de que aprezcan con vida sus desaparecidos desde hace tres años.
Del comunicado llaman la atención varias cosas:
Primero, su actitud opuesta a la de las FARP, que este mes emitieron un comunicado en sentido contrario, apoyando en todo a Gabino Cué.
Segundo, apelan a los hechos de Copala, pero no profundizan en ellos. Todo el cuerpo del texto es contra Diódoro Carrasco, enemigo declarado de los Loxichá. Ni una mención al asesinato de Alejandro Timoteo, por ejemplo, que está fresco en la memoria por su brutalidad y cercanía en tiempo. Personalizan su repudio y dejan de lado el contexto estatal y nacional, lo que le da a su texto un carácter más electorero que revolucionario.
Tercero, no mencionan jamás a Ulises Ruiz, ni lo responsabilizan de lo que está pasando en Oaxaca. Para ellos hay una línea directa de culpabilidad entre Diódoro y la situación actual.
Cuatro, emiten un comunicado enojados, pero sólo expresan su solidaridad con las familias y con el EPR. No amenazan, no teorizan.
Históricamente suele haber una relación entre pobreza y represión, que suele dar como resultado grupos guerrilleros. Lucio Cabañas en 1967 o el EPR en 1996, al año de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero. Ambos son ejemplos en los que se cumplió la ecuación: pobreza+represión=guerrilla.
Copala está siendo muy golpeado por los paramilitares y la indignación local es directamente proporcional a los hechos de sangre con la que los paras están marcando su territorio.
En ese contexto, el comunicado de las BPRS parece quedarse corto al aislar a los enemigos reales de Copala y asignar culpas sólo al diodorismo, que no dudamos sea todavía un factor de poder real en aquella región oaxaqueña, pero que ciertamente no es el único.
miércoles, 19 de mayo de 2010
Acosta Chaparro: genocida
Por razones todavía no aclaradas, el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro resultó herido en el tórax la madrugada de ayer, al ser baleado por un sujeto durante un presunto intento de asalto en la colonia Roma de la ciudad de México.
De acuerdo con reportes policiacos, el militar y su chofer estaban dentro de un vehículo a la altura del número 241 de la calle Sinaloa, casi al cruce con Tampico, cuando se les acercó un individuo quien presuntamente quería robarle el reloj y le disparó en varias ocasiones.
El chofer trasladó a Acosta Chaparro al Hospital Central Militar donde lo reportan como grave. Originalmente fue detenido un sujeto cuyas características físicas parecían similares a las proporcionadas por los testigos, pero fue liberado por falta de pruebas. La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no descarta que el hecho pudiera tratarse de un ataque directo y no de un intento de robo.
Acosta Chaparro ocupa un lugar de privilegio en la lista negra de represores de la llamada guerra sucia de las décadas de los 70 y 80. Pieza clave de la lucha anti guerrillas y contrainsurgente, su fama es equiparable en saña y crueldad a la de Miguel Nazar Haro o Florentino Ventura; esto relatado por algunas de sus víctimas que lograron sobrevivir a sus torturas.
Ligó su destino al de la familia Figueroa en 1974, tras investigar el secuestro de Rubén padre, entonces gobernador electo de Guerrero, a manos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Acosta representa lo peor del Ejército mexicano: prepotencia, desprecio por las leyes, mano dura por sobre los derechos humanos.
Corren historias como que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que utilizaba Acosta para tirar guerrilleros al mar, también los usaba para pasar droga a Laredo; y que por propia mano torturó y mató a más de 200 guerrilleros y campesinos.
Sin embargo, aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas.
Fue procesado en agosto del año 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. Este juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de precedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.
Sin embargo, súbitamente, y como para demostrar que la ley le hace los mandados, en el año 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no acreditaron los presuntos nexos de Acosta Chaparro con el narcotráfico. Tras la declaración de inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.
Decíamos que sí fue acusado formalmente la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada ''guerra sucia'' de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad.
Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar y patriota. Surrealismo puro.
Enemigo de las entrevistas de prensa, se sabe que se escuda en el mismo discurso de Nazar Haro de que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional.
De hecho, en 1990 él generó un reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.
El problema del reporte es que traía mal muchos nombres de grupos y personas –muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978- y que además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética… pero cuando el Muro de Berlín ya había caído y Gorbachev no tenía ánimos para andar financiando guerrillas en México.
En los últimos años se le ha mencionado como asesor en seguridad del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien habría entablado cercanía con él a través de la relación de amistad de sus esposas.
Aun así, el atentado contra Acosta Chaparro, por las razones que fueren, de delincuencia común o políticas, es condenable. La justicia no se alcanza con el “ojo por ojo, diente por diente”, sino mediante su demostración fehaciente ante tribunales, nacionales o extranjeros.
El Estado mexicano ha demostrado no tener la voluntad política para actuar en serio, por lo que ha de actuarse en consecuencia y perseverar tenazmente en el intento de llevar a juicio a este hombre ante los más altos tribunales internacionales, para que tenga, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, ejemplar castigo por sus crímenes.
Adiós a Jorge Eugenio
La muerte del viejo panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos me evocó ayer el trato deferencial, casi filial, que se tenía con doña Rosario Ibarra de Piedra, ambos colaboradores de El Universal, que solían verse cada año en una comida anual en las instalaciones del diario.
La buena relación no partía sólo del hecho de ser ambos de Monterrey y de compartir espacios editoriales, sino de que en los efervescentes años 70, el hijo de doña Rosario, Jesús Piedra, como militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre secuestró al hijo del entonces empresario Jorge Eugenio .
Con el tiempo se supieron identidades y circunstancias, lo que no generó rencores ni odios, sino una ejemplar y civilizada relación de entendimiento mutuo. Descanse en paz JEOG.
De acuerdo con reportes policiacos, el militar y su chofer estaban dentro de un vehículo a la altura del número 241 de la calle Sinaloa, casi al cruce con Tampico, cuando se les acercó un individuo quien presuntamente quería robarle el reloj y le disparó en varias ocasiones.
El chofer trasladó a Acosta Chaparro al Hospital Central Militar donde lo reportan como grave. Originalmente fue detenido un sujeto cuyas características físicas parecían similares a las proporcionadas por los testigos, pero fue liberado por falta de pruebas. La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no descarta que el hecho pudiera tratarse de un ataque directo y no de un intento de robo.
Acosta Chaparro ocupa un lugar de privilegio en la lista negra de represores de la llamada guerra sucia de las décadas de los 70 y 80. Pieza clave de la lucha anti guerrillas y contrainsurgente, su fama es equiparable en saña y crueldad a la de Miguel Nazar Haro o Florentino Ventura; esto relatado por algunas de sus víctimas que lograron sobrevivir a sus torturas.
Ligó su destino al de la familia Figueroa en 1974, tras investigar el secuestro de Rubén padre, entonces gobernador electo de Guerrero, a manos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Acosta representa lo peor del Ejército mexicano: prepotencia, desprecio por las leyes, mano dura por sobre los derechos humanos.
Corren historias como que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que utilizaba Acosta para tirar guerrilleros al mar, también los usaba para pasar droga a Laredo; y que por propia mano torturó y mató a más de 200 guerrilleros y campesinos.
Sin embargo, aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas.
Fue procesado en agosto del año 2000 de presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. Este juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de precedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.
Sin embargo, súbitamente, y como para demostrar que la ley le hace los mandados, en el año 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) no acreditaron los presuntos nexos de Acosta Chaparro con el narcotráfico. Tras la declaración de inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.
Decíamos que sí fue acusado formalmente la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada ''guerra sucia'' de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad.
Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar y patriota. Surrealismo puro.
Enemigo de las entrevistas de prensa, se sabe que se escuda en el mismo discurso de Nazar Haro de que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional.
De hecho, en 1990 él generó un reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.
El problema del reporte es que traía mal muchos nombres de grupos y personas –muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978- y que además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética… pero cuando el Muro de Berlín ya había caído y Gorbachev no tenía ánimos para andar financiando guerrillas en México.
En los últimos años se le ha mencionado como asesor en seguridad del gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien habría entablado cercanía con él a través de la relación de amistad de sus esposas.
Aun así, el atentado contra Acosta Chaparro, por las razones que fueren, de delincuencia común o políticas, es condenable. La justicia no se alcanza con el “ojo por ojo, diente por diente”, sino mediante su demostración fehaciente ante tribunales, nacionales o extranjeros.
El Estado mexicano ha demostrado no tener la voluntad política para actuar en serio, por lo que ha de actuarse en consecuencia y perseverar tenazmente en el intento de llevar a juicio a este hombre ante los más altos tribunales internacionales, para que tenga, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, ejemplar castigo por sus crímenes.
Adiós a Jorge Eugenio
La muerte del viejo panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos me evocó ayer el trato deferencial, casi filial, que se tenía con doña Rosario Ibarra de Piedra, ambos colaboradores de El Universal, que solían verse cada año en una comida anual en las instalaciones del diario.
La buena relación no partía sólo del hecho de ser ambos de Monterrey y de compartir espacios editoriales, sino de que en los efervescentes años 70, el hijo de doña Rosario, Jesús Piedra, como militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre secuestró al hijo del entonces empresario Jorge Eugenio .
Con el tiempo se supieron identidades y circunstancias, lo que no generó rencores ni odios, sino una ejemplar y civilizada relación de entendimiento mutuo. Descanse en paz JEOG.
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