Ayer, después de varios meses de trabajos de bajo perfil, la Comisión de Mediación (Comed) integrada por destacados intelectuales que coadyuvan a la búsqueda de los guerrilleros desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya dieron a conocer cómo se sienten y en dónde están parados.
De entrada refieren que desde el 24 de mayo pasado ha sostenido consultas informales con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, sin lograr ningún acuerdo concreto.
Esto no es nuevo. Si bien el gobierno federal se dijo en un principio dispuesto a ayudar a las investigaciones de la desaparición de los dos militantes del PDPR, acaecida en mayo de 2007, el seguimiento que le dio al caso fue con desgano, alargando procesos e incluso mostrando un trato irrespetuoso y frívolo.
Dijeron haber perdido documentos; trajeron a vueltas y vueltas a quienes pretendieron realizar su labor de coadyuvantes; y, peor aún, retrasaron hasta hacer prácticamente imposible el acceso a documentos militares y de procuración de justicia, con lo que no sólo se obstaculizó el inicio de cualquier investigación, sino que abrió la puerta a la sospecha de que dicha indisposición sólo se debiera a un intento por encubrir a los muy probables responsables de cometer el delito de desaparición forzada en la persona de los dos guerrilleros.
A eso hay que agregar que desde hace dos años la rotación de funcionarios dentro de la Segob ha sido continua, lo que ha retrasado cualquier acuerdo serio entre las partes.
En el comunicado de siete puntos dirigido a la opinión pública y al EPR, los integrantes de la Comed reconocen que enfrentan limitaciones graves para el lograr los fines sustantivos de sus tareas, dado que ha tenido que actuar en un contexto político muy adverso, sin peso en la agenda pública “y en el que el gobierno no tiene dentro de sus temas prioritarios la defensa de los Derechos Humanos y particularmente la persecución a los delitos de lesa humanidad como son las desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano”.
El comunicado de ayer no es concluyente. Es un planteamiento seco del punto neutro en el que se encuentran. No piden que se prolongue la tregua. No solicitan al gobierno comprensión. No apelan a la solidaridad ciudadana. No plantean una ruta crítica a seguir.
En realidad están avisando que no pueden avanzar, porque la parte más importante de la ecuación para resolver este caso no tiene ganas de tomar en serio lo que todo aparenta ser una clara violación a los derechos humanos de dos mexicanos –independientemente de sus convicciones políticas y métodos- y, en todo caso un crimen de lesa humanidad que, de seguir así las cosas, quedaría en la impunidad.
En ese sentido, los mediadores acusan. Señalan que el gobierno federal no es precisamente respetuoso de los derechos humanos. En su comunicado la Comisión dijo valorar positivamente la Recomendación 7/2009 que hizo la CNDH a diversas instancias y niveles de gobierno, en tanto acreditó pericialmente que el caso de Reyes y Cruz se trata de un caso de Desaparición Forzada de Persona, y se congratuló por la sentencia condenatoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso de Desaparición Forzada de Rosendo Radilla, en los años 70.
¿Qué sigue? Que las partes se pronuncien. Cada una su manera; cada una con sus métodos muy particulares.
Uno siempre quisiera apelar al diálogo, pero se está llegando a un callejón sin salida, muy peligroso.
Contexto
Cabe recordar que la Comed se constituyó en abril de 2008, a iniciativa del grupo armado y con aceptación del gobierno federal, para intermediar en la búsqueda de dos militantes de esta organización con los que perdió contacto desde mayo de 2007, y por los que exigió su aparición con acciones militares en julio y septiembre de dicho año haciendo explotar ductos de Pemex.
La Comed actualmente está integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, +Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano y por el obispo Samuel Ruiz García
miércoles, 1 de septiembre de 2010
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